EN HONDURAS
En los últimos días, no sin cierto apresurado optimismo, varios medios de prensa anunciaron que el casi ininteligible conflicto estallado en Honduras el 28 de junio pasado estaba por llegar a su fin: se había llegado a un acuerdo para que el presidente Zelaya recuperara el mando del Ejecutivo del país. Al mismo tiempo se reafirmaba la realización de las elecciones previstas para el 29 de noviembre y que los resultados de éstas serían reconocidos por la comunidad internacional.
Esta conclusión no era evidentemente ajena a la presencia en Honduras de Thomas Shannon, el delegado de Hillary Clinton para América Latina aunque cabe recordar que el presidente Oscar Arias (que proporcionó la primera plataforma de negociación entre los dos bandos enfrentados), la diplomacia mexicana y la brasileña, así como la OEA, estuvieron permanentemente trabajando en el sentido de encontrar una solución.
Expuesta la situación en los términos que lo hizo la prensa internacional, que retoman efectivamente las grandes líneas de la situación al 30 de octubre, todo hace pensar, en este momento, que la crisis se aproxima a su fin. Aunque, repetimos, en grandes líneas esto no deja de ser cierto, la cuestión es harto más complicada y es posible que todavía quede un trecho para salir del atolladero y, sobre todo, para que las consecuencias sobre el sistema político comiencen a hacerse sentir en toda su dimensión.
El 29 de octubre por la noche, Roberto Micheletti, el presidente de facto, anunció que: “…tenia el placer de anunciar que, hace algunos minutos, he autorizado a mi equipo de negociadores a firmar un acuerdo que marca el inicio de la conclusión de la situación política del país.” Según expresa la prensa internacional, el acuerdo obtenido versa sobre “la posibilidad del restablecimiento” de Manuel Zelaya en sus funciones, “el retorno del conjunto del poder ejecutivo anterior al 28 de junio de 2009” y el levantamiento de todas las sanciones que la comunidad internacional estableció sobre el gobierno Micheletti. Al mismo tiempo se habla de la formación de “un gobierno de reconciliación nacional” y la realización de las elecciones en la fecha prevista.
Además de que el lenguaje utilizado no es particularmente preciso en lo que hace a la restauración de Manuel Zelaya en su silla presidencial (“la posibilidad del restablecimiento”), el procedimiento previsto en el acuerdo para llegar a ese objetivo resulta poco auspicioso para el depuesto presidente.
En efecto, aunque la información no es totalmente clara en el momento de la redacción de este editorial, para que Zelaya retome efectivamente la presidencia se deben cumplir una serie de etapas que no parecen fáciles de zanjar.
En primer lugar ha de formarse una Comisión de Verificación destinada a velar por la conformación del gobierno de reconciliación nacional. Supervisada por la OEA, dicha Comisión se integra con 2 hondureños (Jorge Arturo Reina, representando a Zelaya y Arturo Corrales a Roberto Micheletti), dos internacionales (el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la ex Secretaria de Trabajo de los EE.UU., Hilda Solís), los que serán acompañados por Víctor Rico, el secretario de Asuntos políticos de OEA.
En segundo lugar, el Congreso, tras recibir el informe del Tribunal Supremo de Justicia (el cual, conviene recordar, elevó oportunamente 18 cargos contra Zelaya, incluido el de “alta traición”) habrá de pronunciarse sobre la restitución del ex-presidente en su cargo. Admitiendo que el Tribunal Supremo encuentre algún mecanismo creíble para desentenderse de las anteriores acusaciones que él mismo levantó con Zelaya, resulta que el Congreso se encuentra actualmente en período de receso.
Por lo tanto, el Congreso deberá, previamente, levantar el receso para recibir el mencionado informe y llamar a sesiones extraordinarias. Considerando la gravedad de la situación esto debería ser una dificultad relativamente fácil de sortear, y posiblemente así resulte ser. Pero hay quienes opinan que el Congreso podría no levantar el receso, intentar llevar adelante las elecciones y, una vez realizadas éstas, proceder a la restitución de Zelaya que, de hecho, sólo quedaría reducido al papel de un “presidente saliente” condenado a gobernar hasta el 29 de enero que es el plazo constitucional para que le entregue el poder al nuevo presidente electo.
Paralelamente, tampoco está clara cual es realmente la “ecuación partidaria” en el seno del Congreso. En todas partes, es un tema bastante recurrente la afirmación de que nadie puede realmente predecir con total exactitud cómo van a votar los integrantes de un Congreso. Una de las características de la enorme mayoría de los legislativos en casi todos los países del mundo es que sus votos no siempre son predecibles. En una situación como la de Honduras, cabe presumir que, por lo menos, esta característica incertidumbre que generan las decisiones de un Poder Legislativo, sigue siendo válida.
He aquí, entonces, un nuevo probable obstáculo que el acuerdo establecido no explicita en toda su dimensión. El partido en el poder, el Partido Liberal, al que pertenecen tanto Zelaya como Micheletti, tiene 62 escaños en un total de 128. Pero el candidato liberal a la presidencia en las próximas elecciones, Elvin Santos, acaba de anunciar que no existe unanimidad dentro del partido por lo que la formación de una mayoría dispuesta a restituir a Zelaya, requiere de los votos de otros partidos.
El otro gran partido, el Partido Nacional, tiene 54 bancas en el Congreso y las restantes se distribuyen entre 3 pequeños partidos minoritarios. Como podrá apreciarse, será necesario juntar 65 votos para que el camino diseñado en el acuerdo pueda llegar a destino y restituir al presidente en su sillón presidencial. Pero, al no estar todos los votos del Partido Liberal, en realidad, la llave para desbloquear la situación la tiene “el Pepe”: es decir, el Jefe del Partido Nacional, Don Porfirio Lobo.
Porfirio Lobo es el candidato con más chance para ganar las elecciones del próximo 29 de noviembre por lo que cabe presumir que es el más interesado en que se llegue a esas elecciones en condiciones de razonable legitimidad. Con sus 54 bancas en el Congreso puede proporcionar una buena plataforma para lograr los 65 votos capaces de desbloquear la situación y, aunque las cosas no están para nada claras en el seno del Partido Liberal, tal como lo expresó, Elvin Santos, en este momento habría al menos 20 votos liberales dispuestos a votar a favor de que la solución en vías de instrumentación avance.
En el caso de que quede superada la aritmética parlamentaria, quedan, sin embargo, pendientes cuestiones no menores.
En primer lugar, el tiempo, los plazos y el orden de acuerdo al cual deben darse los pasos acordados constituyen otros tantos desafíos de envergadura.
El día 5 de noviembre es el plazo establecido para que se instale el llamado “gobierno de reconciliación nacional”. A partir de ese momento debería procederse a la restitución de Zelaya en el Poder Ejecutivo. Pero Micheletti ha dejado entrever que es perfectamente posible que el “gobierno de reconciliación nacional” se instale en la fecha establecida y la restitución de Zelaya en el Ejecutivo se prolongue algo más en el tiempo. Prórroga que, como vimos, puede tener desde razones reales y sustantivas hasta motivaciones espúreas claramente obstaculizadoras del retorno del presidente constitucional.
La respuesta de éste no se hizo esperar: “Sólo habrá gobierno de conciliación y unidad si yo soy repuesto como presidente. Si nosotros no estamos de acuerdo, no habrá Gobierno de conciliación. El acuerdo se hace por dos partes. Y yo soy una de las dos partes del acuerdo. Si una de las partes siente que le están haciendo una trampa, el acuerdo se rompe.”
Como podrá apreciarse, aunque el tiempo es poco, la distancia todavía es larga para que la situación política hondureña pueda llegar a buen puerto.